Hay un cascabel que nadie que gobierne quiere, o sabe, o puede, ponerle al gato: las prácticas casi (o del todo) monopolísticas de algunas empresas españolas. Al menos, yo no percibo movimientos que auguren o inviten a imaginar que el gobierno de España vaya a detener determinadas actitudes -yo prefiero llamarlas maniobras- cuyo resultado siempre, y conozco varios casos, es quedarse con dinero que no es suyo y retenerlo un tiempo, si no siempre.
Hace más de cinco meses, una pequeña empresa de servicios se mudó de oficinas. Cambió de barrio, y eso, en su ciudad, supone que los números de teléfono fijo hayan de variar. Pero existe una excepción: firmar un documento de fidelización. Como es natural, porque le interesaba conservar el número, la empresa firmó la fidelización, y ése fue el comienzo de un auténtico via crucis: líneas que no funcionan, facturas erróneamente engordadas, llamadas incesantes al servidor para intentar solucionarlo, multitud de operadores que ni se conocen ni parecen apuntar lo que dicen en una mísera libreta o en el ordenador, gestiones que se duplican, triplican y cuadruplican sin otro resultado que encontrarse cada poco tiempo con las líneas interrumpidas aduciendo que hay una factura sin pagar. Poco importa que el día anterior la empresa haya hablado y acordado con un@ operador@ que se va a devolver la factura porque reconocen haberla extendido indebidamente. Poco, o nada, importa que aún quede pendiente alguna o algunas devoluciones por cobro reconocido como indebido porque, de hecho, aunque la empresa cuasi monopolística deba dinero, se olvida y corta la línea. Eso no debería ser posible, ni legal, en España, una democracia que está en el G-20 y, hasta ayer, era la 8ª economía del mundo.
¿Resultado? El monopolio –como si de una república bananera se tratase- se está alimentando, en parte, de cantidades cobradas “erróneamente” y cuya devolución demoran hasta la exasperación -si las llegan a devolver-, mientras se dedican a cortar líneas por supuestos impagos sin haber advertido antes acerca del corte. Es decir, cortan sin más, interrumpen las líneas con el consiguiente trastorno para la empresa de servicios, obligan a pagar la factura supuestamente debida, aseguran que en dos o tres horas desde que reciban el abono se reestablecerá la línea, y pueden pasar hasta 24 horas, o más, sin servicio. ¿Quién responde de tal desmán? Nadie. Y a nadie parece importarle.
Esto es algo que está pasando todos los días en España. Creo que hace falta que el gobierno le ponga, de una vez por todas, el cascabel al gato de algunas prácticas empresariales que diariamente amargan la vida a la ciudadanía. Por ejemplo:
a) Las llamadas desde ‘número desconocido’, cuyo fin va desde hacer encuestas hasta vender de todo. Ni siquiera se pueden devolver.
b) Las llamadas de entidades financieras persiguiendo morosos. Les da lo mismo llamar de noche o madrugada, ya que los “call center” no descansan. Suele ser igual que se les diga que el teléfono ha cambiado de manos y no conocemos a quien antes lo tenía, o que no sabemos quién es esa persona, porque ellos insisten e insisten sin reparo alguno.
La ciudadanía está indefensa ante tales salvajadas. ¿Qué papel podría jugar la Agencia de Protección de Datos ante el uso desaforado de datos personales que circulan por ahí como si nada (grave) pasase y que, además, son utilizados para asaltar la intimidad de las personas? ¿O debería intervenir el Ministerio del Interior? ¿Quizá el de Industria?
Algunos se quedan con nuestro dinero, lo retienen en base a su poder monopolístico, lo devuelven sólo si quieren, y cuando quieren. A la vez, puede que “se olviden” de devolverlo mientras la pequeña empresa de servicios hace cálculos y llega a la conclusión de que resulta más económico pagar, aunque sea algo denunciable e injusto, porque la alternativa es pleitear, gastar mucho dinero y tiempo y, además, no tener ninguna certeza sobre si nos darán la razón pasado, normalmente, un tiempo considerable.
Ponerle el cascabel a ese gato es una tarea que espero del gobierno, que es mi gobierno.
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